Sin precio para la producción y comercialización de biocombustibles la industria está, literalmente, paralizada. Tampoco cuenta, al menos, con la determinación de los porcentajes legales de corte obligatorio de biodiesel y gasoil. Así las cosas, empresarios de la actividad no saben ya que más hacer para evitar su desaparición. No alcanzaron las quejas, tampoco los pedidos a las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativos. Sienten que fueron dejados al garete.

Lo dicho queda claro en la carta que el titular de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible, Alejandro Abad, envió a una paleta de funcionarios nacionales entre los que se incluyen los ministros de Ambiente y Economía, Juan Cabandié y Martín Guzmán y los secretarios de Energía e Hidrocarburos, Noman Martínez y Maggie Videla.

Expresa que el sector no cuenta “con respuesta ni propuesta viable en lo concerniente a la determinación y publicación de precio para el mes en curso, y el cumplimiento de los porcentajes legales de corte obligatorio de biodiesel con gas oil, todo esto conforme el marco regulatorio vigente para la actividad, generando, esta situación, la paralización absoluta de las industrias que abastecen al mercado interno”.

Por si hiciera falta, advierte que con el último precio publicado ninguna empresa de biodiesel puede operar, “encontrándose totalmente paralizado el sector, acrecentándose y agravándose aún más la crisis económica y financiera del mismo, y colocándolo en un estado terminal”.

Abad sentencia que “resulta evidente, e ineludible, la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional en los efectos negativos que, en materia social, ambiental y económica, está generando la violación de lo dispuesto por la normativa vigente, como así también de Tratados Internacionales en materia de lucha contra el cambio climático”.

Por otra parte, deja saber que “la inexistencia de alternativas concretas que permitan al sector volver a operar de manera sostenible y sustentable, genera una enorme contradicción entre lo que el gobierno nacional sostiene y las acciones que efectivamente realiza -o debiera realizar-, para lograr así el desarrollo de las economías regionales, la diversificación de la matriz energética, la sustitución de importaciones y la preservación del medio ambiente”.

A su favor, el dirigente recordó la cita del presidente Alberto Fernández acerca de la promulgación de la de Educación Ambiental Integral (EAI), cuando expresó que “el medioambiente se descuidó, y mucho, dejándolo en un segundo plano, en procura de un desarrollo que hacía cada vez menos vivible el planeta…que pareciera ser que el problema ambiental es una demanda del futuro, cuando en realidad es un problema del presente…y que hay que entender el desarrollo de otro modo, exigiendo primero un crecimiento igualitario, pero fundamentalmente un crecimiento que no contamine, que no haga menos vivible el país en el que estamos…”.

Abad aportó que “manifestaciones como las realizadas por el señor Presidente al promulgar la Ley 27.621, o cualquier otra que promueva la defensa de las pymes, el desarrollo de las economías regionales, el agregado de valor en origen y la sustitución de importaciones, terminan resultando abstractas cuando desde el propio Poder Ejecutivo Nacional se desconoce, o incumple, con lo dispuesto en la Ley 26.093”.