El Congreso sancionó una ley que por la que destina $800 millones a la ganadería ovina para su recuperación. Sin embargo, la política le niega esa posibilidad a la producción vacuna cuyo stock se derrumbó en más de diez millones de cabezas desde 2009. En diciembre habrá cerca de una veintena de proyectos de ley sobre el tema que perderán estado parlamentario.

A más de una década de distancia de la promulgación de la ley 25.422, y 200 millones de pesos destinados por la norma a la actividad, la recuperación del rodeo ovino no parece mostrar el ímpetu que se esperaba entonces.

Según datos del Ministerio de Agricultura el rodeo ovino nacional pasó de 13 millones de cabezas en 2001 a 14,7 millones en 2010, un incremento de alrededor del 13 por ciento.

El Régimen, no obstante fue renovado por unanimidad en el Congreso, con la sanción en 2011 de la 26.880. La nueva ley no solamente prorrogó la aplicación del Programa ovino, también multiplicó por cuatro los recursos hasta completar una asignación de 800 millones de pesos en la próxima década.

En total la ganadería ovina habrá recibido 1.000 millones de pesos cuando llegue el año 2021. Puede parecer insuficiente si se piensa en la inflación desde la convertibilidad hasta ahora, pero otras actividades como la ganadería bovina no han recibido nada que se le parezca en materia legislativa.

Pese a los esfuerzos de legisladores de absolutamente todos los bloques la ganadería bovina no cuenta con una norma ni siquiera similar. En los últimos dos años es posible contar al menos una veintena de proyectos de ley que promueven de un modo u otro la recomposición del stock.

Todos los intentos han naufragado en las comisiones de Agricultura, sin lograr un respaldo contundente del oficialismo, y aún con disidencias internas en torno a los diputados de la oposición, en especial de aquellos que están inmersos en la actividad.

Cuando llegue diciembre, una carrada de proyectos de ley habrán quedado caducos y terminarán juntando polvo en el archivo de la Parlamento. Muchos de esos proyectos seguramente se refloten una y otra vez, pero su destino no parece que vaya a correr una suerte diferente.

Sin entrar en la polémica de si fue por culpa de la sequía o de la intervención del Estado, el dato concreto es que el rodeo vacuno se derrumbó en más de diez millones de cabezas desde 2009.

Si bien la llamada “ley ovina” no muestra un logro extraordinario en el incremento del rodeo, sí hay datos oficiales sobre la exportación y producción de carne que revelan cifras interesantes.

Por caso las toneladas exportadas pasaron de 1.718 en 2001 a 12.060 en 2010, mientras que la faena ovina fiscalizada por el Senasa en el mismo lapso se incrementó en torno a un 36 por ciento.

Así la producción de carne ovina creció de unas 55.407 toneladas en 2001 a 76.014 en 2010, un aumento nada despreciable del 37 por ciento, muy por encima del stock. Al mismo tiempo el consumo interno se redujo un tercio, de 1,5 a 1 kilo por habitante en el año a lo largo de la misma década.

La ley ovina puede considerarse exitosa si se piensa en sus objetivos: “lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita su sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, permita mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural”.

Esos mismos objetivos fueron ratificados unánimemente por el Congreso de la Nación en mayo de 2011 cuando una nueva ley prorrogó la “ley ovina” al darle otra década de vida, y recursos por 80 millones de pesos todos los años.

Nadie hasta ahora puede explicar por qué la ganadería bovina no es merecedora de una legislación análoga, que apunte en la misma dirección. Una ley que promueva su eficiencia y le asigne recursos acordes a su importancia como una política de Estado.

Diego Ramírez - El Enfiteuta