El año 2007 seguramente será un grato recuerdo para las empresas exportadoras de granos, aceites y subproductos radicadas en la Argentina, que cierran un año excepcional como lo muestran los datos de liquidación de divisas por u$s17.264 millones, un 40% más de lo liquidado en 2006.

Pero este año también será difícil de olvidar para las pocas −poquísimas− empresas (entre 5 y 8) que en conjunto concentran el 97% de la exportación de soja, el 90% de la exportación de pellet de soja y el 80% de las ventas externas de aceite de la misma oleaginosa.

Con aplausos y el voto unánime de 163 legisladores la Cámara baja del Congreso de la Nación modificó la forma de anotar anticipadamente exportaciones de granos, vigente desde 1976, al cambiar el sistema de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) no sólo de manera permanente sino también con efecto retroactivo, lo que incluye el último aumento de las retenciones en soja.

La ley definitivamente sancionada a las once y media de la noche de ayer fue la última del año aprobada por el Parlamento y para los legisladores que la avalaron con su voto representa un acto de justicia, ya que permitirá redireccionar hacia el Estado entre 300 y u$s400 millones que la exportación se habría asegurado al anotar ventas con un arancel de exportación, y luego realizar compras con otra alícuota más alta.

La norma implica rectificar ese efecto indeseado cuando se elevaron los derechos de exportación para la soja (del 27,5 al 35%) y subproductos (del 24 al 32%) en la primera semana de noviembre sin que en los días previos (unos cuarenta días antes) se tomara el recaudo de cerrar los registros de exportación, hecho que permitió a las empresas "congelar" la retención sobre un volumen declarado y no comprado de unas 14 millones de toneladas entre poroto, harina y aceite.

Siete días atrás el Senado de la Nación introdujo modificaciones a la ley que ya tenía media sanción de Diputados. Pero como esa se creía que sería la última sesión del año se anunció que la ley modificada se remitiría prontamente a Diputados para que pudiera ratificar el cambio el mismo día. Luego, como informó El Enfiteuta, cuando la Cámara alta puso el proyecto en discusión ya era tarde, porque Diputados había concluido su sesión.

Todo indicaba pues que la ley en cuestión iba a tener que esperar al año entrante, para ser tratada en el mes de febrero en el mejor de los casos, pero la inesperada sesión convocada por el Poder Ejecutivo para cambiar el huso horario, fue aprovechada para introducir el proyecto en la sesión de ayer.

Para el autor de la iniciativa original, el ya ex diputado Rafael Martínez Raymonda, las modificaciones del Senado no hacen a la cuestión de fondo. En diálogo con El Enfiteuta el demócrata progresista consideró que la modificación propuesta por la Cámara alta "no cambió para nada el espíritu del texto que aprobó Diputados".

Uno de los puntos más criticados desde el sector exportador fue el carácter retroactivo que instaura la norma, para cobrar el arancel más alto de exportación a quienes no puedan demostrar la compra o adquisición del grano entre la fecha del registro y el incremento de la alícuota de la retención.

La retroactividad "está salvada porque en primer lugar a la ley se la expone como aclaratoria. El concepto jurídico de la aclaratoria de una ley es darle el sentido desde la vigencia de la norma, desde su origen mismo. Cuidado con esto porque es algo que se usa muy poco en la técnica legislativa argentina", indicó a El Enfiteuta el autor del proyecto.

"En segundo lugar −añadió− la ley también es de Orden Público, y por último se expone el carácter manifiesto de la retroactividad. Un senador (Ernesto Sanz) precisó que la ley podía enmarcarse en la Emergencia Económica inclusive, yo no lo comparto porque no adhiero a esa ley. Pero creo que están dadas todas las condiciones para la validez de la retroactividad", sostuvo el veterano legislador, "y si no les gusta (a los exportadores) que hagan juicio a ver qué pasa", resumió tajante.

Anoche antes de la votación todos los bloques coincidieron en la sanción de la norma, pero desde la oposición dejaron sentado el "error garrafal" de la autoridad responsable del registro de exportación (la secretaría de Agricultura) por no haber previsto el cierre de exportación en el momento oportuno.