Mientras todos los flashes de la segunda sesión de Senado del año -hacía más de 5 meses que no sesionaba- se dirigieron al debate y sanciones del pliego de la jueza Figueroa, la modificación del Impuesto a las Ganancias y Alquileres, y la creación de cinco nuevas universidades nacionales, la Agrobioindustria – y quizás más Bio que nunca- logró su primer ley en el año legislativo.

El Senado aprobó el proyecto de ley de Promoción a la Producción Orgánica. En la sesión la iniciativa tuvo 54 votos afirmativos y uno negativo.

El proyecto oficialista, impulsado por el Diputado Ramiro Fernandez Patri (UxP – Formosa), propone favorecer la exportación de los productos orgánicos que abarcan unas 4 millones de hectáreas repartidas en todo el país.

La nueva ley establece un régimen de promoción para la producción y elaboración de productos orgánicos por 10 años, que incluye una serie de beneficios fiscales e impositivos. Además, busca generar condiciones favorables para la exportación.

Asimismo incluye: el establecimiento de un registro de Productores, certificado de crédito fiscal y un fondo de 100 millones de pesos- actualizables- para asistencia técnica.

A lo largo de su historia, Argentina ha implementado distintos programas de gobierno para fomentar las diferentes actividades productivas. Una de las herramientas más usuales es la implementación de regímenes de promoción, en particular sobre sectores con escalas más pequeñas.

Muchas veces ocurren solapamientos de regímenes de fomento o de beneficios impositivos, que tiene renovaciones cada lustro o década, porque los sectores a los que se destinan no lograron despegar.

Un país para los 47 millones de argentinos requiere un debate entre todas las fuerzas políticas y actores productivos, lo que es crucial para una reforma integral del sistema impositivo y un esquema de desarrollo basado en incentivos que no son necesariamente económicos.

En vez de regímenes cruzándose entre sí, debiera trabajarse en una red sistémica única, consensuada, federal y proporcional a los ecosistemas productivos con mayor impacto en el bien común del país. Fuente: Fundación Barbechando