El Parlamento Europeo fijó su posición sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que regulará el campo europeo entre 2023 y 2027 y que promueve un fuerte viraje hacia una agricultura verde.

Esta política debe ser todavía negociada con el Consejo Europea, los países socios del bloque, para tener luz verde definitiva. Pero ya pinta que al menos 35% de los 400.000 millones de euros que se destinan a subsidiar el sector serán canalizados hacia el viraje hacia una agricultura más amigable con el ambiente.

La Eurocámara votó los tres reglamentos que componen la legislación: el de los Planes Estratégicos nacionales, el de la organización común de mercados y la regulación sobre la financiación de las ayudas o subsidios a los productores.

El Parlamento votó a favor de reforzar las prácticas obligatorias en materia de clima y medio ambiente, conocidas como “normas de condicionalidad” que cada agricultor tiene que aplicar para poder recibir esos subsidios directos. Además pidió dedicar al menos el 35 % del presupuesto que asigna la UE a la PAC a las de medidas dirigidas a frenar la degradación del medio ambiente y el cambio climático.

En ese sentido, entre 2023 y 2027 por lo menos el 30% del presupuesto para pagos directos se reservará a los regímenes ecológicos, que serán voluntarios pero podrían complementar la renta de los agricultores que acepten ciertas reglas de juego más amigables con el ambiente.

Los legisladores europeos, desde Bruselas, también piden a los países que incentiven a los agricultores para que reserven un 10% de sus tierras a elementos paisajísticos beneficiosos para la biodiversidad, es decir sin cultivos ni producción.

Otro punto del paquete es que habría menos ayudas para las grandes explotaciones, y más apoyo para las pequeñas y los jóvenes agricultores

En efecto, los eurodiputados abogan por reducir progresivamente el máximo de los pagos directos a los agricultores que reciben más de 60.000 euros anuales y limitarlos a 100.000 euros anuales. Pero los productores afectados por esta medida podrían deducir el 50% de los sueldos relacionados con la agricultura del importe total antes de la reducción.

Por otro lado, al menos un 6% de los pagos directos nacionales deberá utilizarse para apoyar a los productores de pequeñas o medianas explotaciones. Los Estados de la UE también podrán usar al menos el 4% del presupuesto que destinan a pagos directos para apoyar a los jóvenes que quieren ser productores.

Pero no se trata solo de cazas mariposas. El Parlamento insistió en que los subsidios deben reservarse para quienes ejerzan un mínimo de actividad agraria. Por eso pidieron excluir automáticamente de las ayudas a quienes gestionen aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios o instalaciones deportivas y recreativas permanentes.

El Parlamento, por otro lado, pretende aumentar las sanciones contra quienes incumplan reiteradamente las condiciones impuestas por la UE, por ejemplo, sobre medio ambiente o bienestar animal. La reincidencia en este tipo de faltas costará a los agricultores una reducción del 10% del importe total de los pagos de subsidios que recibe, frente al 5% actual.

Ahora que tanto el Consejo como la Eurocámara han fijado sus prioridades, podrán iniciarse las negociaciones con vistas a la luz verde definitiva a la reforma de la PAC.

Será un debate duro. Para empezar, la militante ecologista Greta Thunberg criticó el proyecto del Parlamento Europeo pues a su juicio “alimenta la destrucción ecológica”, ya que mantiene sus ayudas hacia una agricultura intensiva, en vez de apoyar con mayor énfasis modelos de producción que respeten el medioambiente.

“Once meses después de que el Parlamento europeo declarara la emergencia climática, este mismo parlamento votó a favor de continuar con una política agrícola que, en resumen, alimenta la destrucción ecológica con cerca de 400.000 millones de euros” (unos 475.000 millones de dólares)”.