Lo curioso es que ese ente nació para "promover el aumento del consumo local de carne vacuna y el fomento de las exportaciones", pero a pedido de la Secretaría de Agricultura destinará 2 millones de pesos de sus fondos a la campaña de promoción de carnes alternativas.
El Ipcva se financia con un canon que pagan productores y frigoríficos (1,25 y $ 0,55 por animal faenado, respectivamente).
La decisión causó una airada protesta de la Sociedad Rural Argentina (SRA), única integrante del consejo del Ipcva que se opuso al pedido de fondos que hizo el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, al Instituto, con el fin de apoyar el consumo de otras carnes y así liberar presión sobre la demanda doméstica de carne, que está en un pico histórico.
"El Ipcva está para promover el consumo de la carne vacuna. La promoción de carnes sustitutas se aparta de esos fines y debería ser financiada con los fondos de las compensaciones de los que dispone la secretaría", dijo la SRA en un comunicado, y también se quejó de que en el pedido de apoyo de la Secretaría no se especificaron los alcances y costos de la campaña. "El Estado tiene fondos de las retenciones para solventar esto", dijo Luciano Miguens, presidente de la Rural.
Además, hay una cuestión legal en el medio. El Instituto es un ente mixto que maneja fondos públicos aportados por el sector privado con la exclusiva finalidad de promover la carne vacuna. Si se usan los aportes para, por ejemplo, fomentar el consumo de carne de ñandú, podría llegar a plantearse una acción legal contra los integrantes del Ipcva por desviación de fondos públicos, según explicó una fuente cercana al ente.
En la Comisión de Carnes de la SRA sostuvieron que "no caben interpretaciones flexibles para distraer fondos a un objetivo notoriamente extraño. Una aplicación diferente de caudales por parte de los funcionarios los ubicaría en una malversación de caudales, conducta reprimida por el Código Penal".
Además de la SRA, integran el consejo del Ipcva Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA), Coninagro, el consorcio ABC, la Cámara de la Industria Frigorífica (Cadif) y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra). Salvo el representante de Fifra, Miguel Schiaritti, que no asistió, el resto de los consejeros apoyó el pedido de Urquiza.
"Apoyamos la promoción de las otras carnes porque es un objetivo coherente con nuestra idea de diversificar la producción. Además, la carne de cerdo es más barata de producir que la vacuna, debería ser más accesible al consumidor si no hubiera fallas en la comercialización", dijo Ulises Forte, representante de la FAA en el Ipcva.
Coincidieron en esta opinión en CRA, cuyo representante, Dardo Chiesa, preside el Instituto. "Apoyamos la idea siempre y cuando esté de acuerdo con el marco legal del Ipcva, porque la Argentina necesita promover otras carnes", dijo Mario Llambías, presidente de la entidad. En la Secretaría de Agricultura no hubo comentarios.
No es la primera vez que el Instituto genera una polémica, ya que, al suspenderse las exportaciones en 2006, un sector de la industria exportadora intentó que se suspendiera el pago del canon.
En la SRA, que agrupa a los ganaderos tradicionales, el mal humor por la noticia fue visible, como traslució del comentario dicho con amargura por un ruralista productor de Angus: "El Gobierno nos invita a promover con nuestra plata a los principales beneficiados por las compensaciones del maíz: los productores de pollos y cerdos".
Fuente: Mercedes Colombres - La Nación
