Los mercados alimentarios se volverán cada vez más exigentes. La tendencia global indica que en los próximos años se empezará a demandar productos más saludables y menos contaminantes.

En todo el mundo, importantes cadenas de supermercados ya solicitan estándares ambientales específicos que cuantifiquen la huella de carbono (HC) de los productos, con el objetivo de posicionarse como tiendas “carbono neutrales”.

En muchas de ellas ya existe una góndola especial donde se puede ver una gama importante de alimentos y bebidas con la cantidad de carbono en sus etiquetas. Éstos detallan los valores de emisión que les permiten al consumidor seleccionar y privilegiar los que se elaboraron contaminando menos.

Sin embargo, y en una publicación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Dirección de Negociaciones Económicas Multilaterales (Direm) del Ministerio de Relaciones Exteriores, marcó la postura de la Argentina al destacar que las medidas comerciales en proceso de ser diseñadas e implementadas por los países desarrollados “no son un medio apropiado ni efectivo para responder al cambio climático”, ya que podrían derivar en restricciones encubiertas, y las medidas de respuesta, sin el debido apoyo financiero y tecnología por parte de los países desarrollados, traspasarían los costos de mitigación a los países en desarrollo.

Por otro lado, la Direm informó que “hasta el momento no se tiene conocimiento de iniciativas legislativas en marcha en la UE en materia de exigencias de etiquetados obligatorios”, aunque destacó que ese bloque de países está elaborando “un sistema internacional de referencia de datos de ciclo de vida que sirva como herramienta de análisis”, como también una metodología de “huella ambiental”, que podría estar finalizada para septiembre de 2012.

A su vez, Estados Unidos también tramita una serie de proyectos de ley que limitarían las importaciones de bienes y servicios relacionados con la HC. Francia aprobó en 2010 la Ley Grenelle 2, que contiene requisitos de etiquetados de huella de carbono y ambientales. Esta normativa aún no se implementó dado que se encuentra en fase piloto desde julio de 2011 por el período de un año (en principio).

Según Guillermo Berra y Laura Finster del grupo Determinación de Gases de Efecto Invernadero del INTA, “en los países de Sudamérica, la producción agropecuaria representa un relevante sector generador de recursos, lo que explica un importante porcentaje total de emisiones, mientras que en los Estados Unidos corresponde sólo al 6,3 por ciento”.

América del Sur genera el 5% de las emisiones mundiales de GEI (Gases Efecto Invernadero), de las cuales la mayor parte es producida por Brasil y la Argentina, con un 41 y un 17%, respectivamente.

Justamente, el potencial peligro radica en que la mayor HC en las economías desarrolladas se encuentra en el último eslabón del ciclo de vida del producto (desechos del consumo doméstico), mientras que en las economías en desarrollo, se concentra en los eslabones de la producción primaria, y el transporte y procesamiento de alimentos.

El problema actual y que se debe solucionar de cara al futuro, son las diferentes metodologías aplicadas para el cálculo de la HC debido a que “no existe un criterio uniforme respecto de qué etapas del ciclo de vida del producto quedarían abarcadas para la contabilización de las emisiones de GEI”, dijo la DIREM.