Desde la tarde de este lunes el proyecto de ley para la expropiación del paquete accionario de la petrolera Repsol sobre YPF ya está en el Senado. La Cámara podría dar la media sanción la semana próxima, si se logran los dos tercios que requiere la aprobación. Por Decreto el Estado ya se hizo cargo de la empresa, en forma provisoria, hasta la sanción definitiva de la norma.

La Presidenta de la Nación sorprendió al mundo este lunes cuando anunció la expropiación del 51 por ciento de la empresa YPF cuyo control accionario estaba en manos de la firma Repsol desde 1998.

La multinacional de bandera española, que no tiene participación Estatal alguna, concentra el 57,43 por ciento del capital de YPF, con un valor contable según medios españoles que al 31 de diciembre de 2011 rondaba los 4.122 millones de euros.

Pero desde el mes de febrero cuando la decisión de avanzar sobre YPF se puso de manifiesto entre los gobernadores de las diez provincias petroleras y el Estado Nacional la caída del valor de las acciones se produjo en forma vertiginosa, solamente este lunes se desmoronaron en Wall Street un 19 por ciento.

En la ley que envió el Ejecutivo al Senado la expropiación recaerá únicamente sobre la firma española tal como se establece en el artículo 7 de la norma proyectada donde se declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el 51 por ciento “del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta”.

De esa expropiación, cuyo costo deberá resolver el tribunal de tasación (es decir el Estado) el 49 por ciento pasará a formar parte de las provincias petroleras y el 51 por ciento en control del Estado Nacional.

Así la nueva composición accionaria de YPF sería de 26,03 por ciento en manos del Estado Nacional, 24,99 por ciento en poder de las provincias, 25,46 por ciento serían mantenidas por el Grupo Petersen (Eskenazi), otro 17,09 cotizaría en bolsa, y 6,43 por ciento continuaría en manos de Repsol.

Fuentes de El Enfiteuta aseguraban que desde antes del fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010, el gobierno nacional venía trabajando en un proyecto de renacionalización de la emblemática YPF, aunque con escaso margen político para llevarla a cabo.

La norma crea un Consejo Federal de Hidrocarburos con el Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido a la cabeza, el Ministerio de Economía, Hernán Lorenzzino, y el de Industria bajo la conducción de Débora Giorgi. También con representantes de las provincias.

De hecho el Consejo comenzó a funcionar rápidamente tras el anuncio con la reunión que funcionarios y gobernadores mantuvieron en las mismas oficinas de la empresa. Se aseguró la continuidad de los puestos de trabajo, pero de inmediato dejaron los cargos los directivos que a nivel ejecutivo representan a la firma expropiada.

En la tarde de ayer, fuentes parlamentarias habían anticipado a El Enfiteuta que se programaba una reunión conjunta de comisiones para este martes a los efectos de tratar y dictaminar el proyecto enviado por el Ejecutivo.

A última hora la versión fue formalizada con la convocatoria a reunión Conjunta que ordenó el presidente de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, con las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Energía, la cita es para este mediodía de este martes en el salón Azul del Palacio Legislativo.

La misma norma pone un cerrojo a futuras privatizaciones al determinar en su artículo 10 que la expropiación realizada “es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del H. CONGRESO DE LA NACIÓN votada por las dos terceras partes de sus miembros”.

Esa mayoría calificada que también alcanza a la ley proyectada, implica la necesidad de contar con el voto al menos 48 senadores en la Cámara alta, y 171 diputados. Si se computan propios y aliados el oficialismo necesitaría unos 8 votos en el Senado, y alrededor de 30 legisladores en la Cámara baja.

El Enfiteuta