Afirman que el proyecto fue el resultado del consenso, y que hoy facturan la mitad que hace diez años.

Las empresas semilleras nucleadas en la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) salieron este miércoles a respaldar el proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Agricultura para cambiar un régimen que data de 1973.

En conferencia de prensa el Director Ejecutivo de la entidad, Miguel Rapela, remarcó que la actual ley de semillas está por cumplir cuarenta años de vida, y que los avances tecnológicos así como la estructura productiva cambiaron radicalmente desde entonces, por lo que es imperiosa una actualización.

De la ley todavía vigente, “se han modificado (en el proyecto) todos los artículos” indicaron desde ASA, pero el foco de las discrepancias por parte de algunas entidades de productores se centra únicamente en torno al uso propio del agricultor.

ASA es una entidad conformada por 61 empresas nacionales y 19 de origen extranjero. “Actualmente el mercado de semillas factura unos 750 millones de dólares”, señaló su presidente Alfredo Paseyro, “pero hace diez años la facturación era de 1.400 millones de dólares”, aclaró.

De este modo las empresas que invierten en nuevas tecnologías para el desarrollo de genética de punta en la oferta semillera dan a entender que a este ritmo el negocio es inviable, si los agricultores no contribuyen al recupero de la inversión de la que se ven beneficiados.

El actual proyecto de ley, fue el resultado de una serie de ocho reuniones en las que participaron 24 organizaciones desde las entidades de la Mesa de enlace (CRA, SRA, FAA y Coninagro) hasta las de perfil técnico como Aapresid y Aacrea.

También estuvieron representados los multiplicadores nucleados en sus Cámaras respectivas como, Casem y Fedia; las empresas semilleras, las cooperativas como ACA y AFA, el y Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Semillas, el Inase, y el INTA.

A lo largo de esas reuniones “se consensuó” un proyecto de ley, aunque no faltaron las tensiones, las rispideces y los portazos, pero “el consenso no significa unanimidad”, remarcaron desde ASA. “Todos tuvimos que resignar algo para sacar el mejor proyecto posible”, añadieron.

De todas las entidades que participaron la única que mostró explícitamente su desacuerdo fue la Federación Agraria Argentina que se retiró del debate y emitió comunicados contrarios al proyecto por considerarlo una “entrega de la soberanía” cuando no la violación a “un derecho ancestral de los productores” en referencia al uso propio.

A la FAA se sumó poco después, pero ya concluido el debate del texto, la CRA que en principio planteó disidencias pero terminó aceptando el proyecto de consenso como lo habían hecho las otras dos entidades: SRA y Coninagro.

El uso propio de la simiente queda restringido en la iniciativa a todos los productores que integran el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) donde hay unos 60.000 productores de pequeña escala. Esos jugadores podrán disponer de las nuevas tecnologías en forma gratuita, es decir sin la obligación de pagar patente.

Esa excepción al pago de regalías por parte del agricultor “no es lo que hubiéramos deseado” confió Paseyro, pero “creemos que es necesario un beneficio social” a ese segmento y esa fue una de las contribuciones del sector semillero para avanzar con una ley posible.

Según datos de empresa consultadas el costo adicional para la producción de soja, el mayor cultivo de la Argentina, rondaría los 6 dólares por hectárea. Un valor que “no define la salida del mercado de ningún agricultor”, agregaron los obtentores.

Hasta ahora la iniciativa no entró en el Congreso de la Nación, pero la expectativa de las empresas semilleras “es muy alta”, señaló Paseyro. El proyecto que cuenta con el aval del Ministerio de Agricultura podría ser presentado como iniciativa del Poder Ejecutivo, para lo cual es imprescindible la firma de la Presidenta de la Nación.

Fuente: El Enfiteuta