Con el envío, el lunes último a la Cámara de Senadores, del proyecto que introduce modificaciones a la actual Ley de Conservación de Suelos Nº 8.318, el gobierno de Entre Ríos profundizó la línea de acción sobre los pooles de siembra con domicilio comercial fuera de los límites provinciales.

La creación del Registro Único de Propietarios y Productores Agrícolas de Entre Ríos y, en otro andarivel, el Derecho de Uso de Tierras Cultivables, se transformaron en las piedras angulares de uno de los últimos actos de las autoridades de la Secretaría de la Producción, que concluyen sus funciones en 45 días.

La iniciativa oficial, como era de esperar, disparó las críticas desde los sectores que se verán afectados cuando la ley sea modificada, y hasta se mencionó el enfriamiento del proyecto.

Campo en Acción consultó al Secretario de la Producción, Daniel Welschen, quién ratificó la intención del gobierno provincial de "consensuar los cambios, que fueron solicitados por las organizaciones que representan a los productores agropecuarios" aclaró.

Para el funcionario, la inquietud sobre el accionar de los pooles que imposibilitan la libre competencia a cientos de chacareros dedicados al arriendo y labranza de miles de hectáreas, "quedará saldada antes de que concluya esta gestión, y si no es así por cuestiones de tiempo, el propio gobernador Jorge Busti -que será diputado provincial a partir del 11 de diciembre- tiene el férreo compromiso de aprobar las modificaciones", aseguró Welschen.

Qué se busca

Los cambios a la Ley de Conservación de Suelos 8.318 apuntan a lograr en forma gradual las prácticas conservacionistas y la adopción de una práctica agrícola sustentable del 100 por ciento de las tierras productivas.

"Ese es el objetivo central, pero que va de la mano con la defensa del chacarero que ha vivido de las labores agrícolas, arrendando" explicó, en coincidencia con la defensa que del proyecto realizó Federación Agraria.

Welschen adelantó que la próxima semana "se realiza la primera reunión" con representantes de las entidades, alentando la expectativa de su aprobación " en un marco de consensos antes del 10 de diciembre. Si no será después, pero si hay acuerdo se va a aprobar" finalizó.

Emilio Ruberto – Campo en Acción