Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone crear un nuevo Código Rural, con el objeto de establecer un “conjunto orgánico y sistemático de normas jurídicas dictadas para regular, promover y orientar la actividad agraria”. La iniciativa fue ingresada por María Elena Romero, de Juntos por Entre Ríos. La propuesta parece sacada de contexto atento el clima de desregulación que domina la escena institucional del Estado nacional, a la que el gobierno entrerriano se suma como aliado.

De acuerdo a la iniciativa, a la cual tuvo acceso Bicameral, la finalidad será la de “orientar, promover y regular la actividad agraria en cualquiera de sus especializaciones y promover las actividades conexas a ellas”. Y se explicó: “Constituye un deber de integrar a la explotación rural el paradigma ambiental, cuidando los recursos naturales, conforme a las disposiciones de la Constitución Nacional y Provincial. Debe darse cumplimiento a los tratados internacionales y regionales ambientales climáticos como el Acuerdo Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú”.

Según la norma se entiende por actividad productiva agraria a “la industria genética consistente en el desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas o recursos naturales que se resuelve económicamente en la obtención de frutos destinados al consumo directo, o previa una o múltiples transformaciones, o a su comercialización cuando resulte del ejercicio normal de la agricultura”.

Incluye el cultivo de vegetales, la silvicultura, la cría de animales y otras actividades que requieren que el Estado “planifique junto a las Instituciones que representan al sector, para lograr una mayor educación y capacitación, incentivos, créditos, herramientas que permitan al productor desarrollar la misma de acuerdo a las nuevas técnicas”.

Entre otros puntos, la ley indica que el productor rural o empresario agrario podrá desempeñar la actividad en forma exclusiva o por tiempo parcial, con una serie de derechos y obligaciones sobre sus propiedades y una política sanitaria coordinada con el Estado.