La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que agrupa a 81 empresas productoras del insumo más básico de la agricultura, salió ayer al ruedo para defender el proyecto para modificar la Ley de Semillas vigente desde 1973, que busca fundamentalmente asegurarles a los “mejoradores” de semillas el pago de una retribución o regalía por sus investigaciones. La iniciativa tiene un guiño del Poder Ejecutivo, aunque ciertas rencillas internas en el oficialismo demorarían su llegada al Congreso.

El presidente de ASA, Alfredo Paseyro, y su gerente Miguel Rapela, alabaron el proyecto de ley nacido de una larga discusión (por este tema, en rigor, hay reuniones desde 2007). Según ellos, 23 de las 24 entidades que participaron del debate prestaron su acuerdo. En disidencia se plantó la Federación Agraria de Eduardo Buzzi, que cuestiona uno de los puntos centrales de la nueva ley: la limitación del derecho al “Uso Propio” solo a los productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). En total, abarcaría unos 60.000 productores, sobre un universo de más de 250.000.

El “uso propio” es un derecho milenario: permite a los agricultores guardar una porción de los frutos que cosechan para usarlos como simiente. La industria quiere limitarlo con el argumento de que la nueva tecnología contenida en la semilla debe ser reconocida a sus obtentores, sean multinacionales o pequeñas semilleras. Además, sostiene que al amparo de ese derecho se montó una industria ilegal, que multiplica semillas como otros lo hacen con el software o las películas. En rigor, solamente 30% de la semilla de soja es “certificada”.

De todos modos, la demora oficial en enviar al Congreso el proyecto, que se terminó de anudar el 12 de octubre, no tendría que ver con la oposición de los dirigentes rurales sino con debates abiertos al interior del kirchnerismo. Según algunas fuentes, la irrupción del dirigente social Emilio Pérsico en el Ministerio de Agricultura (lo nombraron subsecretario de Agricultura Familiar) habría provocado un cortocircuito con el ministro Norberto Yauhar y el secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, que habían prometido dar curso a la iniciativa si era producto del mayor consenso posible.

Clarín - Matías Longoni