Un borrador que aspira a volver operativa una serie de institutos sobre el ambiente incluidos en la Constitución motiva consultas de las que emerge la necesidad de un equilibrio entre la marcha de la economía y la aspiración a una mejor calidad de vida. En rigor, no se sabe aún si lo que surgirá es un código voluminoso y detallado o una ley general a la que después se le deberán agregar normativas específicas, referidas a las problemáticas abarcada.

La reforma de la Constitución incorporó entre los artículos 83º y 85º una serie de demandas con relación al medio ambiente. Entre otras cosas, se establece que el Estado provincial fijará la política específica porque los recursos naturales hacen a su dominio originario y, en ese sentido, debe ejercer el control y potestad conforme el dictado de unas leyes cuyos principios organizadores deben ser los de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. Como se entenderá, si estos conceptos no se operativizan, si no son reglamentados, los institutos no serán aplicables ni los derechos defendibles.

En ese contexto, la Cámara de Diputados encaró la redacción de un Código Ambiental que, ante todo, procuró compilar la normativa vigente, juntar a las áreas del Estado involucradas e invitarlas a producir un intercambio de criterios. Producido el diagnóstico, colectadas las ideas generales que ordenarían la reglamentación, se inició una recorrida por diferentes ciudades para exponer lo planeado y escuchar sugerencias que enriquezcan las propuestas.

“La ley debe precisar cuáles son los indicadores de sustentabilidad o los medidores ambientales, definir qué es la equidad intergeneracional o qué se entiende por evaluaciones ambientales estratégicas en el marco de un plan”, señaló el presidente de la comisión redactora del Código Ambiental, Jorge Kerz, en diálogo con EL DIARIO, no sin reseñar que “no sabemos si este paquete normativo tendrá características similares a las que rigen la actividad penal o será una ley general sobre la que confluirán luego leyes particulares”.

Del diálogo con el legislador surgió que “la normativa vigente consta de unas 600 páginas e integra las leyes, los decretos y las resoluciones” emanadas del sector público provincial. A ese compilado, se agregó un borrador donde se explicita qué se entiende por un medio ambiente sano y, desde allí, se desarrollan los principios de previsibilidad, de subsidiaridad y de sustentabilidad. Luego, sobreviene un apartado con los lineamientos de la política provincial en materia de defensa del patrimonio ambiental. A continuación, aparecen referencias a la constitución del ente, que haría confluir representaciones del sector público y la sociedad civil.

En el borrador en cuestión se especifica cómo se hace una audiencia pública, cómo se produce una evaluación ambiental acumulativa, cómo participa el ciudadano, qué se entiende por soberanía alimentaria, qué es un banco de reservas genéticas, cómo contribuir a la protección de la producción local y cuestiones por el estilo. “Tenemos que establecer principios generales sobre agua, tierra, agricultura, agroquímicos, pesca; y, después, discutir hasta dónde se avanza en las precisiones porque luego, por ejemplo, pueden producirse leyes específicas que vengan a complementar los principios expresados en cada apartado de la ley general”, comentó.

-¿Qué encontraron al analizar el cuerpo normativo sobre el ambiente?

-Hay cierta fragmentación y falta de coordinación también, porque distintas áreas del Estado comparten una temática, como la del agua, y abordan los asuntos desde diferentes perspectivas. La relación con el bosque nativo es otro ejemplo en ese sentido. Por fuera de estas cuestiones, en general hay dificultades para garantizar determinados controles. La propia sociedad civil, en los encuentros, manifiesta que si tenemos muchas normas y no las podemos cumplir para qué vamos a pensar en crear una nueva. Pero el mandato es constitucional y podemos aprovechar la contingencia para ordenar todo el espectro.

-¿Qué otras preocupaciones emergen de esos encuentros?

-Que se esclarezca lo referido al arrendamiento territorial, es decir, qué actividades están permitidas y cuáles no, lo que los técnicos llaman ordenamiento. Ese tópico despierta mucho interés. Y también propuestas. La temática de los bosques nativos también preocupa. La del uso del recurso agua. En algunas regiones más que en otras inquietan las fumigaciones, las formas incorrectas de aplicar los plaguicidas.

-¿La basura?

-Sí, los residuos generan intranquilidad, perturbación. Sean sólidos, líquidos o gaseosos, domiciliarios, industriales o patológicos; desde la cantidad de basura que producimos hasta el modo en que resolvemos su disposición final.

De fondo, a la mayoría la moviliza esta contradicción que se plantea entre los modelos productivos, que para generar riqueza y producir empleo deben afectar el ambiente, y la demanda cultural, instalada en el imaginario social, que nos empuja a preservar el entorno y a disfrutar de él, a visualizarnos como parte del paisaje. Entre esa aspiración a la mejor calidad de vida posible y la marcha y sostenimiento de las actividades económicas, hay un equilibrio frágil al que permanentemente debemos tender aunque nunca se alcance.

Cómo sigue

ANTE UNA CONSULTA PUNTUAL, el presidente de la comisión redactora del código ambiental, Jorge Kerz, señaló que “estamos recibiendo un montón de aportes, algunos incluso ya están en la página web (www.hcder.gov.ar) con observaciones varias que llegan a referirse a inconsistencias constitucionales que tenía el borrador del Código”. El diputado provincial comentó también que “seguiremos con los encuentros en el interior y después nos tomaremos un par de meses para mejorar el texto”.

Incorporadas las contribuciones, mejorada la redacción, “haremos nuevas consultas y la idea es que hacia mediados del año que viene tengamos un texto definitivo que nos permita encarar el trámite legislativo con otra agilidad”, consideró

El Diario - Victor Fleitas