Quien debe convocar a la conformación de la Bicameral es el vicepresidente Julio Cobos. Hubo un intento en 2010, pero fracasó por falta de quórum.

“Tres años de incumplimiento e impunidad”, tituló la Federación Agraria Argentina un comunicado en el que recuerda el caso de presuntas irregularidades en el comercio de granos por unos 1.700 millones de dólares.

La FAA apunta al incumplimiento de la propia ley que sancionó el Parlamento Nacional, la 26.397, que creó una comisión bicameral para investigar las presuntas irregularidades en el comercio granario en perjuicio tanto de los productores como del Estado Nacional, por parte de las empresas exportadoras.

El caso se remonta a comienzos de noviembre de 2007, ya electa Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, cuando el gobierno de Néstor Kirchner elevó los derechos de exportación para la soja del 27,5 al 35%, y que también alcanzó a los subproductos.

Previo al aumento de la alícuota, se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por la friolera de 20 millones de toneladas, de la campaña 2007/08, es decir una soja que todavía se estaba sembrando.

Fue tan descomunal la anotación de exportaciones en las semanas previas a la variación de la alícuota que motivó un artículo de opinión del ex presidente Raúl Alfonsín en el diario Clarín denunciando el caso públicamente.

La denuncia era que los exportadores habían congelado la alícuota de las retenciones para exportar al 27,5% pero al momento de comprar el grano descontaron a los productores el 35%.

Como al momento de pagar el derecho de exportación lo hicieron sobre la el 27,5%, se embolsaron la diferencia (7,5%) que multiplicado por millones de toneladas de granos anotadas les permitió embolsar cerca de 2.000 millones de dólares.

Hacia fines de 2007 el Congreso sancionó otra ley que intentó corregir esa situación obligando a los exportadores a pagar las retenciones al 35% cuando no pudieran demostrar que al momento de anotarlas al 27,5% no tenían la mercadería, pero la ley se reglamentó con una retraso de seis meses, y en medio del conflicto con el campo.

Sin embargo la nueva ley correctora, gracias a una modificación que introdujo el senador y empresario aceitero Roberto Urquía, permitió a las cerealeras congelar el precio de exportación en su momento declarado, por lo que se mantenía una sustanciosa diferencia a su favor.

En 2008 en medio del conflicto por la 125, hubo una serie de denuncias por el caso, incluso en sede judicial, que derivó en la ley que creó la comisión bicameral para investigar el hecho, la cual nunca se constituyó.

En diciembre del año pasado, designados los integrantes de la comisión por los distintos bloques políticos se convocó sorpresivamente a los seis senadores y seis diputados que la integrarían para designar las autoridades, momento a partir del cual tendrían 90 días para expedirse.

Pero la reunión fracasó por falta de quórum tras una convocatoria que pareció realizada entre gallos y medianoche. Por caso el diputado Claudio Lozano, uno de los integrantes de la comisión, se desayunó de la convocatoria por el llamado que le efectuó un periodista en su momento. Desde entonces no hubo más citaciones para conformar la comisión.

Eduardo Buzzi señaló este lunes que la constitución de la Comisión hubiera sido “un mensaje positivo para los miles de chacareros que se sienten despojados de más de 50 dólares la tonelada del precio del trigo (similar al maíz), debido a las erróneas políticas de intervención del Gobierno Nacional, que terminan favoreciendo a los sectores más concentrados de la exportación”.

Aunque en relación a la Comisión, la decisión la tiene el presidente del Senado, Julio Cobos, quien es el que debería convocar a la constitución de la Bicameral. Las sospechas que sobrevuelan en torno a la falta de cumplimiento por parte del Congreso que el mismo parlamento sancionó es que ni el oficialismo ni el radicalismo tiene voluntad política de avanzar en la materia.

Desde la FAA aseguraron que este miércoles presentarán “una nota en la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, solicitando una explicación ante el grave incumplimiento de la ley citada y la urgente convocatoria de la Comisión Bicameral Investigadora”.

Fuente: El Enfiteuta